La regulación era el problema y debe ser la solución

El shock producido por la entrada de STC como primer accionista del Grupo Telefónica resulta ahora para muchos una “sorpresa inesperada”. Los que así se manifiestan, deberían primero confesar o su desconocimiento del sector o su apatía con la realidad que rodea las telecomunicaciones en las últimas décadas.

Cuando en mayo de 2014, UGT comenzó a difundir su Boletín de Regulación y Sociedad de la Información (una publicación que ha llegado a nuestros días, 221 números de después) tenía una clara intencionalidad: denunciar como reguladores y legisladores, tanto patrios como europeos, estaban depauperando la capacidad inversora, competitiva, innovadora y de producción de talento tecnológico de nuestro sector.

Desde aquel inicio, hemos realizado, durante casi una década, campañas masivas de sensibilización (mediáticas e institucionales, con gobiernos y oposición de todo tipo y pelaje). Hemos celebrado eventos que concitaban a las principales figuras de nuestro sector (CEO de todas las operadoras, ministros y ministras, secretarías de estado, patronales, representantes de todos los partidos políticos) e incluso hemos confeccionado un modelo sectorial basado en propuestas viables y razonables, en donde poníamos al empleo y la racionalidad en el centro.

En todo momento hemos defendido una máxima, que además hemos repetido hasta la saciedad: debemos cambiar una regulación que es manifiestamente asimétrica (favoreciendo el parasitismo, la fragmentación del mercado, la superpoblación de operadores vacuos, la destrucción de empleo y la competencia sobre precios), absurdamente ineficaz (Europa sigue a la cola de fibra óptica, en despliegue de 5G y en innovación tecnológica y digital) y completamente obsoleta (se persiste en planteamientos de finales del siglo XX, cuando la telefonía móvil no existía, Internet aún solo era una ilusión y el foco se ponía en los extintos “incumbentes” y en “el cobre”).

La última prueba de nuestro empeño por proteger los derechos de las personas trabajadoras ante este dislate fue nuestra apuesta por las leyes anti-opa. Pocos saben o recuerdan que esta protección no existía antes de abril de 2020, cuando – otra vez- fue UGT la única que advirtió de nuestra debilidad bursátil y la necesidad de protegernos.

¿Dónde estaban los que ahora se rasgan las vestiduras? Pero todo esto no va de quién o qué hizo aquello o lo otro, o de cuándo se hizo, sino de algo mucho más importante: de cómo defendemos el modelo social y laboral que hemos conseguido consolidar en Telefónica y que data de décadas de fluida interlocución, máximo respeto al diálogo social y una constante búsqueda de consensos y acuerdos beneficiosos. Y eso solo es posible si todos ejercemos nuestra labor desde dos amplios frentes: por un lado, la presión legislativa, regulatoria e institucional, en donde llevemos la voz de las trabajadoras y trabajadores de Telefónica España y logremos cambiar este fallido modelo; y por otro, mediante la renovación de nuestro Convenio Colectivo en forma de III CEV, sobre el que en breve tendremos que empezar a hablar ante su inminente pérdida de vigencia.